Hay algo de la historia de Olavarría que se percibe en el aire, como el polvo suspendido que sale de los hornos de las caleras y cementeras. Está en el paisaje: construcciones grises de ángulos rectos, plazas donde el verde es la excepción. Con menos de 90 mil habitantes es una de esas ciudades de la provincia de Buenos Aires en la que todos se conocen. Aunque no sean amigos, generación tras generación comparten los mismos espacios sociales, deportivos, políticos.

El arroyo Tapalqué es la grieta. Atraviesa la ciudad con su curso irregular y rompe la monotonía del gris urbano. A su vera, el club Estudiantes de Olavarría -uno de los más distinguidos de la ciudad- tiene la sede deportiva, una especie de oasis en el desierto de cemento.

En Olavarría la siesta es sagrada. Después del almuerzo, las calles de la ciudad agrícola e industrial -donde la tasa por extracción de minerales representa un 14% del presupuesto municipal– están en calma.

-No sé del juicio- dice Jorge, remisero–. Acá en el auto no tengo tiempo de ver mucha tele- se excusa, casi avergonzado. Jorge es de familia humilde, y nació hace más de cuarenta años en un campo de los alrededores de Azul. Sí se enteró como “toda Olavarría” de la noticia que hace poco más de un mes conmocionó el lugar: “Ignacio, el nieto que apareció”.

“Diez años atrás no se hablaba de Monte Peloni. Se empezó a hablar por la actividad de la Comisión por la Memoria local, y en el último año mucho más”, dice Rafael Curtoni, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, sede del juicio. Así lo decidió el Tribunal el año pasado, luego de visitar las posibles locaciones, entre las que también había una escuela y un salón municipal.

“El juicio molesta. Molesta que se haga en la facultad, y va a mover mucho el avispero acá”, opina Rafael. Sobre todo, cree, van a aflorar las vinculaciones “La connivencia del poder político económico y el poder político de los militares. Hay muchos personajes que están incómodos, porque de la mano de algunos testigos van a surgir nombres de civiles que fueron partícipes necesarios”, agrega el decano. “Y también el silencio y el consentimiento por omisión de la sociedad”.

“Que se conozca aunque sea una parte de la verdad de lo que pasó acá en los ’70, es algo muy importante”, dice el intendente José Eseverri. En su despacho hay cuadros de Milo Lockett, Benjamín Aitala –un artista local- y Ricardo Carpani. “Era el pintor de los montos”, refuerza, “lo traje de mi casa”. Sobre un modular hay una foto en la que su padre –el dirigente histórico Helio Eseverri- saluda al Papa Francisco, y una más donde el intendente estrecha la mano de la Presidenta. “Es del día que anunció el Fondo para la soja; me eligieron para hablar en nombre de los intendentes”, se apura a explicar. En el primer plano de la imagen aplaude su actual líder político, Sergio Massa.

“Olavarría no habló de lo que pasó
durante la dictadura”

“Olavarría no habló o habló muy poco de lo que pasó durante la dictadura. En esto tiene mucho que ver el rol de los medios locales, un ocultamiento de todo lo que pasaba en aquel momento y después tampoco hubo una revisión de la historia que vivimos acá”, dice Eseverri. Ni Helios Eseverri, su padre y antecesor, ni él, tienen una relación fluida con El Popular, el único diario de la ciudad.

Durante muchos años, cuando los ex detenidos, sus familiares o los militantes de derechos humanos denunciaban los crímenes de la dictadura, respondieron con indolencia. Hoy, es un discurso unívoco que el juicio a Monte Peloni será una bisagra.

Muchos jóvenes de Olavarría pasaron por Monte Peloni. En esa finca de 323 hectáreas, sobre la ruta 76, el Regimiento de Caballería de Tanques 2 adiestraba a los soldados en sus días de colimba. Un mes al año, casi en la falda del Cerro Largo, los chacareros vecinos completaban el paisaje con hombres de verde, movimiento de tropas, disparos que se mezclaban con el sonido de las explosiones de las canteras linderas. Tanques, fusiles, balas. Ahí, en ese mismo predio, un viejo casco de estancia se ocultaba tras una cortina de bosque y aún hoy guarda los peores recuerdos de los olavarrienses.

El monte lleva el nombre de sus primeros dueños. Los Peloni fueron inmigrantes suizos que llegaron, como tantos, a fines del siglo XIX. El gobierno les cedió tierras para poblar el lugar y se dedicaron a la producción de árboles. Primero fue un vivero importante, con frutales y árboles, que se llamó “La Helvecia”. Hacia 1906, los Peloni levantaron la casa.

El predio fue recuperado por ley provincial en 1954. Su destino: el Ministerio de Guerra y luego la Dirección General de Fabricaciones Militares. A mediados del siglo pasado, con la expansión de la industria siderúrgica, los yacimientos de piedra dolomítica de la zona eran estratégicos. La cantera de granito que estaba ahí fue concesionada. El resto del terreno siguió como campo de entrenamiento. El traspaso de las tierras a la Nación se concretó con uno de los primeros decretos de la dictadura militar en 1976.

Entre septiembre y diciembre de 1977, camiones, autos y camionetas, entraban y salían por el único camino que llega al predio: una picada de tierra de un kilómetro por la que más de una veintena de secuestrados llegaba a su lugar de cautiverio.

Monte Peloni era campo minado: la advertencia de que debajo del césped se escondían proyectiles aún sin estallar, rodeó al lugar de halo de misterio insondable. Curtoni dice que Monte Peloni “forma parte de lo mucho que la sociedad olavarriense no sabe. Que era un ex centro clandestino de detención. Muchos lo minimizan. ¿Y por qué lo minimizan? Creen que no era tan importante, que era más importante el Regimiento”.

“Monte Peloni era campo minado”

Entonces, el teniente coronel Ignacio Verdura, jefe del Área Militar 124, quien ordenó montar un sistema eléctrico en el casco de estancia para utilizarlo como centro clandestino de detención. Un equipo electrógeno alimentaba guirnaldas con focos para iluminar el exterior. Adentro, camas con elásticos de alambre en una pequeña habitación esperaban a los detenidos desaparecidos. Por allí pasaron una veintena de militantes. O más.

En la temprana democracia, las mismas paredes que guardaban el sonido del horror, cobijaron a los alumnos de la Escuela Agropecuaria. “Armaron un simulacro de aula donde quedó la marca de un pizarrón, y algunos muebles vinculados a la Escuela. Quisieron anular los sentidos, de una manera muy irónica: de un lugar de tortura pasó a ser un lugar de educación de chicos de secundario. Raro y perverso”, relató Curtoni. Años después, Fabricaciones Militares recuperó el predio y en 2002 lo cedió a la Comisión por la Memoria en un comodato que se extiende hasta hoy con la idea de hacer un centro un sitio de memoria custodiado por Araceli Gutiérrez, una de las sobrevivientes.

Lidia Araceli Gutiérrez, Carmelo Vinci, Carlos Genson y Osvaldo “Cacho” Fernández son los sobrevivientes de Monte Peloni que siguen viviendo en Olavarría. Roberto Edgardo Pasucci también, pero quedó muy afectado psíquicamente después del cautiverio y no será testigo. Eduardo José Ferrante también vive allí, su caso será tratado en el juicio, pero su cautiverio fue en el centro clandestino “La Huerta” de Tandil, y no en Monte Peloni.

Varios dejaron la ciudad. Osvaldo Raúl Ticera vive en 9 de Julio; Juan Carlos Butera en Canadá; Néstor Elizari en La Plata. Ushuaia y Rawson fueron el refugio de Juan José Castelucci y Rubén Francisco Sampini.

Otros sobrevivientes no podrán ser testigos de los días de justicia. Mario Elpidio Méndez murió y la sede del archivo de la Memoria en Olavarría lleva su nombre. También Ricardo Alberto Cassano y Guillermo Oscar Luján Bagnola, que murió hace pocos meses. Francisco Nicolás Gutiérrez, que fue el primer secuestrado de la serie, murió unos años más tarde.

Desapariciones y asesinatos

Rubén Argentino Villeres y Graciela Follini de Villeres fueron trasladados a La Plata y siguen desaparecidos. Lo mismo les sucedió a Amelia Isabel Gutiérrez y su compañero Juan Carlos Ledesma. Alfredo Maccarini y Jorge Oscar Fernández fueron asesinados durante el cautiverio.

La guardiana de la memoria

Araceli Gutiérrez muestra lo que ella no pudo ver cuando llegó atada y encapuchada, a fines de septiembre de 1977: un sendero tapizado de hojas amarillas, árboles añosos y al final de la huella, el casco de estancia donde sucedió todo. Allí vive y custodia la memoria.

–Vengan por acá –guía Araceli Gutiérrez. Tirada en un colchón sucio, tabicada día y noche, fue la única mujer cautiva entre el 16 de septiembre y el 5 de noviembre de 1977, cuando compartió cautiverio con algunos de sus compañeros, hoy desaparecidos. La visita guiada no tiene solemnidad: ahora Monte Peloni es su casa. En marzo de 2013, fue designada “casera” por la Dirección General de Fabricaciones Militares. Acá vive junto a su compañero y a cuatro jóvenes que crió en un chalet sencillo, veinte metros hacia abajo, sin agua ni gas y con la luz artificial de un generador eléctrico. “Monte Peloni es un lugar muy bonito con una historia muy triste”, dice Araceli.

–¿Por qué decidiste mudarte acá?

–Una especie de ataque de angustia. A pesar de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en Olavarría no estaba muy instalado que había habido un centro clandestino, que había gente desaparecida, muerta. Y Olavarría tuvo un papel importante en el terrorismo de Estado. De hecho, se encontró acá al nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Por la memoria de los compañeros, por un montón de cosas yo dije ‘me voy de casa (en La Plata) al Monte’. Y tuve mi recompensa, porque la gente vino más. Yo estoy acá y los atiendo, los acompaño, charlo con ellos: les cuento la historia.

– La mayoría de los sobrevivientes les resulta demasiado doloroso volver al lugar de cautiverio.

– Sí… a mí me pesa más el dolor de los compañeros que pasaron por acá y no sobrevivieron, y los que fueron muriendo después.

El chalet donde funcionó el centro clandestino tenía dos habitaciones donde estaban los secuestrados y otro espacio donde estaba la custodia –eran tres guardias distintas de tres o cuatro personas-. Las sesiones de tortura eran en el baño. En los pisos hay escombros, baldes, trastos sucios y viejos. Hace unas semanas, la tormenta desplomó un árbol sobre la construcción y hubo que apuntalar una de las paredes por miedo a un nuevo derrumbe. En el frente sobrevive un escudo que parece decir C2, la sigla del Regimiento de Tanques del que dependía el lugar.

Invierno del 77
A Araceli y a su pareja, Néstor Elizari, los sacó de su casa una patota de veinte personas de civil. Fue en la madrugada del 16 de septiembre de 1977. La persecución a su familia había comenzado tres días antes con el secuestro de su padre, el subcomisario Francisco Nicolás Gutiérrez, en Tandil. Lo torturaron para llegar hasta una hermana de Araceli, Amelia Isabel Gutiérrez, y a su cuñado Juan Carlos Ledesma, pero no obtuvieron ningún dato. Finalmente, la pareja fue secuestrada al día siguiente. Las caídas de militantes –la mayoría pertenecían a Montoneros- en Olavarría y Tandil, todas encadenadas entre sí, llegaron a 22 entre el 13 de septiembre y el 1 de noviembre de 1977. Varios fueron llevados a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Entre ellos, el padre de Araceli.

Las caídas de militantes –la mayoría pertenecían a Montoneros- en Olavarría y Tandil, todas encadenadas entre sí, llegaron a 22 entre el 13 de septiembre y el 1 de noviembre de 1977”.

Lo alojaron en el mismo calabozo que a Amelia y Juan Carlos, aún desaparecidos. Francisco Gutiérrez fue liberado en febrero de 1978.

El camino de Araceli fue diferente: la llevaron a Monte Peloni, ese lugar perdido en un monte de Sierras Bayas, un paraje rural a 12 kilómetros de Olavarría por la ruta provincial, donde hoy pasa sus días.

–Por lo que pudimos reconstruir, nos bajaron acá –relata Araceli mientras señala la pared del frente de la vieja casa y dice: acá nos tiraron al piso, nos hicieron sentar y empezaron a disparar.

“Acá estábamos acostados en camastros en el suelo”. “Acá los guardias jugaban a las cartas y escuchaban radio”. “Ahí estaba el baño, pero lo usaban para torturar”. El primer tiempo en Monte Peloni fueron torturas, golpes y también el abuso. En realidad, los que venían a torturar venían de Tandil. El papel que cumplía los del cuartel de acá era de custodia, aunque también participaban, porque al Pájaro (Omar) Ferreyra, (Walter) Grosse y compañía, les encantaba.

La muerte, el éxodo de sus compañeros decidió a Araceli a convertirse en la custodia de la memoria del lugar.

– Me agarra la preocupación de que se olvide lo que pasó. Y me gustaría que Olavarría se haga cargo de su historia –dice.

Araceli es esa memoria incómoda, como la que hace unas semanas sacó del letargo al pueblo con la noticia de la restitución de Ignacio Guido Montoya Carlotto, que resultó ser uno de los vecinos más queridos.

Araceli dice: se siente bien en ese lugar. Los días cálidos, cuando afloja el dolor por una enfermedad en los huesos, remonta el sendero de tierra. Contempla la edificación, el pasto prolijo. Frente a la puerta principal del centro clandestino hay un tronco. Araceli lo señala:

–Es mi tronco: vengo y me siento un rato ahí, a pensar. En este lugar conocí el infierno. Y ahora es parte de mi historia.

El día que Ignacio Guido Montoya Carlotto, uno de sus vecinos recuperó su identidad, fue como una patada que desarmó el hormiguero: decenas de pequeñas historias relacionadas con él comenzaron a develarse. Y los sobrevivientes del terror, esos que en Olavarría parecían cargar un estigma, hoy son los protagonistas. Sus voces serán las principales pruebas para que los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstro Parra, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, dicten justicia.

El debate oral empieza el 22 de septiembre. Las audiencias serán de lunes a miércoles. Se estima que podrían pasar aproximadamente dos meses hasta que se dicte sentencia.

Defensores

Los defensores de los imputados serán los abogados Gerardo Ibáñez, por Grosse; Alejo Baltasar Ordenavía, por Verdura; el tandilense Claudio Castaño, por Leites; y Carlos Devoto, por Ferreyra.

El patrocinio de las aproximadamente 20 víctimas estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires coordinada por César Sivo.

Fiscalía y querella

La Fiscalía y las querellas elevaron a Juicio un tramo parcial de la causa que investiga el circuito represivo Olavarría–Azul–Las Flores–Tandil con eje en Monte Peloni. Por eso son solamente cuatro los imputados.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por Walter Romero, mientras que la querella estará en manos de César Sivo, por la APDH y Manuel Marañón por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Loma Negra: paternalismo y silencio

Debajo de esa nube expulsada desde los hornos de cal y cemento se ocultaba otra historia. La de los militares y sus cómplices encumbrados en las altas esferas de poder de una pequeña ciudad que a la luz de la historia aparece como una de las retaguardias de la impunidad.

Loma Negra le debe su nombre a la montaña de piedra caliza descubierta en los años 20 en terrenos de Alfredo Fortabat. Ese yacimiento de la materia prima para fabricar cal y cemento fue la base de la construcción de un imperio que trascendió el mundo de la industria.

La lógica empresarial de Loma Negra estaba entonces íntimamente ligada a la lógica de la zona. Los patrones de estancia asumían un rol paternalista y de control sobres sus peones contrayéndose así una dependencia vertical casi feudal. Fortabat, en 1929, construyó a quince kilómetros del casco urbano de Olavarría una villa que lleva su nombre destinada a los obreros y jerárquicos de Loma Negra. Esa especie de barrio cerrado, divido en sectores como castas, era la representación de su feudo. Hay quienes no dudan en calificar este tipo de construcción empresarial como “endogámica”. Todo se resolvía puertas adentro, pero con una sola condición: nunca decir no.

“Es frecuente escuchar que cuando el agua le llegue al cuello a Olavarría, el país ya se habrá ahogado”. Dice una nota publicada el 26 de agosto de 1978, en el diario El Popular. Grandes obras como el aeródromo, la playa para camiones, pavimento de las principales calles, eran la base de aquel auge cementero. La solidez económica –dice el artículo– se basaba en la demanda de la industria de la construcción. “La mitad del presupuesto municipal se cubre con recursos que provienen del gravamen a la extracción de minerales de los yacimientos que aporta la materia prima a la gran industria regional cementara”.

Dos meses antes del golpe de Estado de 1976, un derrame cerebral terminó con la vida de Alfredo Fortabat. Su cuerpo permanece hoy en una cripta de la Parroquia Santa Elena, en Loma Negra. Amalia Lacroze, segunda mujer y heredera, asumió la empresa. Una de las primeras medidas que tomó “Amalita” fue proponer a la Asamblea de Accionistas la venta de la Villa Fortabat a sus ocupantes. Así, la empresa se desprendió de la villa y pasó a ser parte del Municipio. La impronta de Amalita en la empresa fue ir más allá del sector productivo. Con la Fundación Alfredo Fortabat, Amalia Lacroze de Fortabat intervino en el plano social con lógica asistencialista. Hoy el directorio de Loma Negra es investigado ante la Justicia por el crimen del abogado laboralista Carlos Moreno, defensor de los trabajadores y secuestrado el 29 de abril de 1977 en Olavarría.

Monte Peloni: el simulacro para los medios

Así contaron los diarios de la zona a las víctimas y los crímenes del centro clandestino de detención.

El martirio en la casona de Monte Peloni había empezado un mes y medio antes cuando las autoridades militares decidieron dar la primera noticia oficial. El 4 de noviembre de 1977, el general de brigada Alfredo Oscar Saint Jean y el jefe del área de Defensa 124, teniente coronel Ignacio Aníbal Verdura, convocaron a conferencia de prensa a los diarios más importantes de la región a la sede del Batallón Logístico I del Comando de la Brigada de Caballería de Tandil.

Al día siguiente, “El Popular” de Olavarría y “La Nueva Era” de Tandil publicaron el comunicado castrense: informaban que la detención de doce personas había logrado “desbaratar una célula de la banda de delincuentes subversivos marxistas montoneros que operaba con centro en Olavarría y conexiones con Tandil, Azul y Las Flores”. Los diarios enumeraban a los doce “detenidos y a disposición del Consejo de Guerra Especial” y puntualizaba sobre la situación de otras dos personas: Alfredo Maccarini, un carcelero del Penal de Sierra Chica estaba “prófugo”, y Jorge Oscar Fernández, presunto jefe del grupo había muerto “como consecuencia de las heridas recibidas al ser detenido”.

El artículo describía, además, supuestas actividades del grupo: confección de planos, relevamiento de cuarteles, nóminas de personal, seguimiento de empresarios y ganaderos, acopio de armas y documentación, planes de sabotaje y lo más grave: “acciones de captación en el ámbito universitario, secundario y fabril en la zona”. Un eufemismo para describir la militancia en las fábricas y las universidades. Sobre el final del artículo, las autoridades “invitaban” a los padres “a mantener una amplia comunicación con sus hijos” y les ofrecían una “justicia rápida y magnánima a quienes se presentan voluntariamente con el deseo manifiesto de reincorporarse a la sociedad”. La verdad era muy diferente a la que reproducían los periódicos: Araceli Gutiérrez y todos los que sobrevivieron a Monte Peloni lo saben.

“Dijeron que “el Bombita” (Jorge Oscar) Fernández murió por heridas sufridas durante su detención, y estaba sanito, sanito. Yo lo vi, porque a mí en Las Flores me envolvieron en una frazada y no me vendaron los ojos, entonces vi a la policía y qué compañeros estaban ahí”, contó a Infojus Noticias Araceli Gutiérrez. Durante su cautiverio, también tuvo la oportunidad de ver al “prófugo”: “Maccarini, que era un guardia cárcel de acá de Sierra Chica estuvo conmigo. Estaba en el sillón que estaba ahí. Me contó quién era, que tenía una hija chiquitita. Se conocía con los chicos porque acá en el pueblo se conocían todos”.

Los integrantes de “la célula” habían sido secuestrados de madrugada, uno tras otro, en operativos conjuntos de las Áreas 121 (Tandil) y 124 (Olavarría) del Ejército y la policía bonaerense de Olavarría, Tandil y La Plata, entre el 13 y el 29 de septiembre. Y en la soledad de esa casona en Sierras Bayas, a 10 kilómetros de la pujante ciudad de Olavarría, habían sido torturados durante varios días. Muchos de ellos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de La Plata, y continúan desaparecidos. El montaje urdido por los militares y replicado sin cambiarle una coma en la prensa, es el documento in icial de la causa penal que llegó a su etapa definitiva y comenzará a ventilarse el 22 de septiembre, un día bisagra para la historia de la ciudad.

En la antesala más próxima, víctimas, investigadores judiciales, funcionarios, periodistas y actores claves en la vida de la ciudad murmuran por lo bajo una hipótesis. Creen que los relatos de los sobrevivientes y de los familiares podrían correr un velo más allá de los cuatro militares acusados. Desnudar los secretos de una comunidad civil que con su silencio negó, consintió o participó de los crímenes ocurridos a metros de sus narices.